Asturias abre sus datos y data.gov.uk abre al público

Hoy tenemos dos noticias importantes para el movimiento hacia un gobierno abierto y colaborativo. En el Reino Unido, Tim Berners-Lee, el creador de la world wide web (www) ha conseguido que el gobierno laborista de Gordon Brown abra los datos de la administración pública y los ponga en un repositorio online para el uso libre de la sociedad. El producto de este ambicioso proyecto es data.gov.uk. Un repositorio que abre con más de 3.000 sets de datos.

La segunda noticia es que el gobierno de Asturias, seguramente la región más avanzada en temas de obertura tecnológica de la información, ha comenzado, , con la ayuda de la Fundación CTIC, a liberar sus datos.

Y algo que yo no sabía, en Catalunya, El País informa que

la Generalitat catalana abrirá las APi’s del portal de trámites y de los equipamientos, siguiendo las instrucciones del W3C de liberar los datos en formatos abiertos.

Buenas noticias para empezar el año hacia una nueva dirección en como nos gobernamos.

Cuento de terror democrático: el ciudadano y la administración opaca

Un día de junio de 2007, un ciudadano español se acercó al Ministerio de Justicia a hacer algunas preguntas sobre la lucha contra la corrupción que el gobierno estaba llevando a cabo. Entre otras hizo las siguientes preguntas:

En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?

El ciudadano esperó y esperó la respuesta del Ministerio, pero nunca llegó. Él ciudadano decidió interponer un recurso administrativo contra este silencio, pero fue desestimado. El ciudadano, que quería respuestas a sus preguntas, interpuso un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, pero ésta lo desestimo argumentando que la Constitución Española no garantiza el derecho del ciudadano a solicitar y recibir información de la Administración Pública (!). El ciudadanos se quedó livido, y muy decepcionado. Su sorpresa se transformó en cabreo cuando leyo un artículo en la revista Interviu en el que se decía que la Administración española oculta de forma sistemática datos. Desgraciadamente, su caso no era excepcional, sino la norma!

¿Cómo es posible que la Administración no se digne a contestar preguntas sobre algo tan importante como la lucha anti-corrupción? El ciudadano concluyó que aqui algo no funcionaba, y algo había que hacer. Las palabras no bastan, así que interpuso un recurso en el Tribunal Supremo. El ciudadano ahora espera…

Ésta es una historia real que se repite continuamente en España, un pais que se llama democracia pero que no garantiza un derecho tan fundamental como es el acceso de los ciudadan@s de la la información que es de tod@os, la información que recoge, produce y almacena con nuestro dinero.

Éste ciudadano en concreto es un miembro de Access Info, organización que lucha por el reconocimiento y garantía de éste, nuestro derecho. Access Info ha interpuesto hoy un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Nacional de no reconocerlo y garantizarlo en contra de la jurisprudencia internacional al respecto. Sin embargo, aún hay mucho trabajo que hacer y cada ciudadan@ es valioso en esta lucha por nuestros derechos.

Voto secreto: fraude democrático

En la votación sobre la ILP para prohibir las corridas de toros en el Parlamento de Cataluña algunos de los grupos (CiU y PSC) dejaron libertad de voto a sus diputados. Lo que debería ser una norma, la libertad del representante para juzgar y votar por sí mismo/a, es desgraciadamente una excepción. Más grave, en este caso las vergüenzas de los diputados se cubrieron con el voto secreto. Lo que debería ser una excepción muy restringida, el voto secreto, se convierte en un instrumento típico de los partidos para evitar disputas internas.

El abuso del voto secreto es un fraude democrático. Su utilización tiene un coste alto para una democracia, porque secuestra el derecho de la población de conocer las acciones de sus representantes y pedirles responsabilidades por ellas. El voto de la ILP fue un abuso de esta modalidad de voto. El artículo 90 del reglamento del Parlamento de Cataluña lo recoge como una modalidad de voto más. Esto es un error. El Reglamento debería limitar su uso explicitamente para evitar de nuevo este fraude democrático.

Colaboración social para un gobierno democrático y eficiente

Desde el fin del Personal Democracy Forum Europe (post sobre la conferencia en mi blog) en Barcelona, que tenía pendiente escribir en midemocracia. Muchas cosas han pasado desde entonces, y una de ellas ha sido el #manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet, sobre el cual ya he escrito una mini-crónica en mi blog personal en inglés, y estoy preparando una más larga para el blog del Personal Democracy Forum Europe.

La razón de este post no es sólo quejarme de no haber escrito, sino hacer una breve referencia al uso de redes sociales en el gobierno. En el libro Wiki Government, Beth Noveck hace referencia al uso de tecnologías de redes sociales como Facebook y MySpace (y yo añadiría Twitter) para estructurar la colaboración ciudadana en la regulación gubernamental. Creo que su uso está claramente infravalorado por parte de la administración y los políticos para conseguir sacar la “expertise” que tienen muchos ciudadanos para mejorar la calidad de la regulación y crear más democracia.

Una idea que menciona Beth Noveck es la de crear una red social con un grupo seleccionado de expertos sobre la materia que se quiere regular y dar invitaciones a este grupo para que la red crezca orgánica y distribuidamente. Es decir como el Google Wave en estos momentos, cada experto podría invitar a un número determinado de personas periódicamente, y cada nuevo miembro de la red adquiría el mismo derecho. La red tendría al menos tres elementos esenciales:

(1) mecanismos de reputación que permitirían calificar las contribuciones de los expertos de una manera colaborativa.
(2) fragmentación del contenido en pequeñas materias y cuestiones para que cada miembro pueda personalizar su contribución, eligiendo en que tema le interesa más contribuir. Gracias a esta “granularidad” la participación se hace más fácil para los participantes, pues no tienen que invertir tanto tiempo en leer y trabajar sobre contenido no relevante. Actualmente, las audiencias o consultas públicas están basadas en dar todo la regulación de una vez estructurar el contenido de ninguna forma o deficientemente. Evidentemente, los únicos que participan son los “lolos” (loonies y lobbies).
(3) visualización de la colaboración a través de gráficos, y diseño del espacio online que transmita un sentimiento de colaboración al “devolver” las contribuciones al grupo y permitir que se visualicen estas por todos los miembros.

A partir de aqui se puede elaborar toda un espacio para la colaboración eficiente y democrática entre el ciudadano y el gobierno utilizando las nuevas tecnologías asociadas a Internet.

Declaración abierta sobre servicios públicos europeos

El 19 de noviembre, los gobiernos de la UE se reunirán en Malmö (Suecia) para firmar una Declaración Ministerial que definirá las prioridades clave para la estrategia de gobierno electrónico en Europa para los próximos años.

Un grupo de entusiastas de la Web 2.0 ha puesto en marcha un esfuerzo de colaboración abierta para construir una declaración abierta sobre los servicios públicos europeos, que pide a los gobiernos europeos a asumir los valores de transparencia, participación y empoderamiento y así mejorar los servicios públicos. La Comisión Europea y la Presidencia sueca de la UE han aceptado que se presente la declaración en el programa oficial de la Conferencia Ministerial.

Ahora tenemos que recoger miles de expresiones de apoyo, a fin de convencer a los gobiernos q adoptar plenamente estos valores.

Si compartes los valores de la declaración abierta, firma la declaración.

Blogger ante el peligro: Cuando un escocés llevó a los concejales a la dimisión

Con las perseverancia y la tenacidad de sus denuncias en su blog, Muck and Brass, sobre el secretismo y falta de democracia de la concejalía local de Somerton en Inglaterra, Niall Connolly ha llevado a la dimisión en masa de los concejales del pueblo, y, como consecuencia a un cambio político. Muchos ciudadanos se han sentido identificados con sus palabras. El momento de cambio vino cuando 120 ciudadanos se presentaron en una audiencia pública para protestar sobre el cambio de localización de un centro de reciclaje. De ahí paso a la reunión de la concejalía, donde 160 personas llenaron el espacio para el público. Vista la situación, un concejal dimitió entre aplausos. El efecto dominó fue inmediato. Once concejales más presentaron la dimisión esa misma noche.

Como el mismo Niall dice:

“Este es el momento en el que la comunidad toma el asunto en sus manos. La comunidad ha sido liberada. Poco a poco (”bit by bit”), uno puede realmente cambiar el mundo.

Medidas anticorrupción en Cataluña… ¿y la libertad de la información?

A raìz de la emergente aparición de casos de corrupción en Cataluña, el Presidente de la Generalitat, José Montilla, anunció que el govern está preparando un paquete de medidas anti-corrupción y para acercar el sisteme político a los ciudadanos. Por lo que la prensa ha anunciado, estas medidas incluirán:

• Reforma de la ley electoral hacia un sistema parecido al alemán de doble voto: uno por las listas partido y otro por diputado territorial.
• Reforma de la Sindicatura de Cuentas, organismo que controla las cuentas públicas, que podría incluir las cuentas de los partidos y mayores poderes para intervenir.
• Impulso a la implementación de la ley de la Oficina Antifraude, encargada de investigar “posibles casos de uso o destinación ilegal de fondos públicos o cualquier otro aprovechamiento ilegal derivado de conductas que comporten conflicto de intereses o el uso particular de informaciones derivadas de las propias funciones”.
• Reforma de la Ley de Patronatos y Fundaciones para evitar casos como el del Palau de la Música.

Pero…aquí falta algo. En ningún momento se ha hablado de una ley de acceso a la información del sector público o ley de libertad de la información. El gobierno español sí que esta trabajando sobre una ley de transparencia y acceso a la información pública, y parece que está a punto de presentarla al Congreso. Pero en Catalunya, los políticos quieren hacer una tortilla sin romper ningún huevo. Está muy bien que haya organismos públicos que velen por el buen hacer de los políticos y las instituciones públicas (Sindicatura de Cuentas y Oficina antifraude). Está mejor que estos organismos salgan reforzados de esta crisis de corrupción. Pero sería excelente que los partidos dejaran al ciudadano acceder a la información sobre la actividad pública y  los datos producidos con sus impuestos.

El ciudadano es el detentor del poder en una democracia, los representantes políticos son eso, representantes del ciudadano. Como tal deben ofrecer cuentas claras y transparentes en todo momento. Una ley de transparencia y acceso a la información pública, que obligue a las administraciones a publicar toda información que no dañe la seguridad y la privacidad de las personas (algo que se tiene que justificar caso por caso; la carga de la prueba está en el que tiene la información y no en el que la pide), es esencial en cualquier democracia. Esta ley permite la fiscalidad del ciudadano y mejora el registro de la información pública, e incluso la eficiencia de la función pública.

En Estados Unidos y en el Reino Unido la Freedom of Information Act es de la leyes más populares y más usadas. España, y Cataluña, son de los pocos sistemas democráticos que no tienen aún esta ley. Chile y México aprobaron no hace mucho la suya. El gobierno de España está en proceso de presentar el proyecto  ¿Para cuándo en Cataluña?

Coase, costes de transacción y el partido político en la era de Internet

En un intercambio de comentarios sobre gobierno en colaboración y herramientas en Internet, he hablado de la situación en la que se encuentran los partidos políticos con la aparición y generalización de Internet. En su artículo The Nature of the Firm,  Ronald Coase se refiere a los costes de transacción que llevan a la creación de la organización moderna de la empresa fuera de los mecanismos del mercado cuando el precio (coste) de obtener un producto es más alto en el mercado que mediante la organización jerárquica de su producción; o dicho de otra forma, la actividad económica se llevará a cabo dentro de una empresa cuando los costes de la negociación (en el mercado) sean superiores a los de mando-y-control.

Uno de los factores de la aparición de los partidos políticos es el coste del proceso de obtención de votos. Con la ampliación del derecho a voto – de un derecho censatario en el que sólo unos pocos, propietarios principalmente, podían votar, se pasa a un derecho universal en el que la toda población mayor de edad (18 normalmente) puede votar a sus representantes – el coste de obtener un voto significativo en el “mercado político” aumenta considerablemente lo que fuerza a los “empresarios políticos”, aquellos que quieren obtener poder institucional para llevar a cabo políticas públicas, a su organización en instituciones políticas jerárquicas que permitan reducir el coste de transacción de obtención del voto.  Aquellos que no se organizan de tal forma, acaban desapareciendo del mercado político. Este proceso es muy parecido a la aparición de la empresa en el mercado, cuando el poder adquisitivo de la población aumenta y las empresas surgen como el modelo organizativo más adaptado para producir la oferta que el nuevo mercado de consumidores necesita.

En su libro, Here Comes Everybody, Clay Shirky afirma que:

Now that it is possible to achieve large-scale co-ordination at low cost, a third category has emerged: serious, complex work, taken on without institutional direction. Loosely coordinated groups can now achieve things that were previously out of reach for any other organizational structure, because they lay under the Coasean floor.

The cost of all kinds of group activity–sharing, cooperation, and collective action–have fallen so far so fast that activities previously hidden beneath the floor are now coming to light. We didn’t notice how many things were under that floor because, prior to the current era, the alternative to institutional action was usually no action. Social tools provide a third alternative: action by loosely structured groups, operating without managerial direction and outside the profit motive. (p. 47)

En otras palabras, la caída de los costes de transacción de la información permiten a organizaciones no jerárquicas o poco estructuradas la realización de trabajo serio y complejo que antes sólo podía ser realizado por instituciones gestionadas jerárquicamente como la empresa.

¿Es posible trasladar esta idea al espacio político?¿Es comparable la producción y venta de productos a la obtención del respaldo político a unas ideas o intereses determinados y a su implementación para resolver problemas colectivos?¿En qué son similares y en qué se diferencian?¿Se puede aprender algo sobre el futuro de la política teniendo en cuenta las ideas de Coase y el cambio definido por Shirky?

No pretendo contestar estas preguntas aquí. No al menos ahora. Pero me gustaría hacer referencia a algo que Stephen M. Bainbridge, profesor de Derecho de la UCLA, dijo en su blog hace ya seis años cuando comentaba un artículo en el Washington Post del economista Everett Ehrlich, en el cual argumentaba que Coase podía explicar la reducción en tamaño e importancia del partido político y la aparición de “partidos políticos virtuales” (el artículo de Ehrlich ha desaparecido del Washington Post, pero se puede encontrar aquí). Bainbridge dice:

Information costs are only one of the transaction costs that explain why some economic activity is conducted within firms and some is conducted outside firms. The make or buy decision thus is impacted by such things as uncertainty, complexity, bounded rationality, opportunism and shirking,collective action problems, bilateral monopolies, and, especially, asset specificity.

En castellano: los costes de la información son sólo uno de los costes de transacción que explican porque la actividad económica se lleva a cabo en la empresa. Hay que tener en cuenta también la incerteza, complejidad, racionalidad limitada, el oportunismo por el cual un agente económico busca incondicionalmente simplemente su interés personal, problemas de acción colectiva, o monopolios bilaterales y especificidad del producto.

A la luz de la crítica de Bainbridge, ¿es posible ver un cambio también en estos costes de transacción debido al uso de Internet?¿Es que estos costes u otros se pueden encontrar en la actividad política?¿Si es así, también cambian debido a Internet?

Libertad de información de los políticos a dieta(s)

Hoy, el Periódico de Catalunya publica un artículo sobre la acumulación de cargos de dos políticos: Felip Puig, número dos de CiU, y Anna Hernández, alcalde de Sant Just Desvern y mujer del President de la Generalitat, José Montilla. 41 cargos el primero, 14 la segunda. El artículo es un ataque directo a Felip Puig que acusó a Anna Hernández de acumulación de cargos. Lo que más resalta en el artículo es la práctica habitual de los políticos de “endulzar” su salario institucional con dietas. En los dos casos los políticos en cuestión reconocen que cobran dietas, pero que no recuerdan su cuantía (?)

El número dos de CDC subrayó que todas esas responsabilidades van «inevitablemente ligadas» a la condición de titular del departamento. También especificó que cobraba el sueldo de conseller y una dieta del Incasòl, cuya cuantía no recordaba. En todo caso, Puig señaló que esos cargos son «los que debe ocupar en estos momentos Joaquim Nadal», el dirigente del PSC que le sucedió como conseller cuando el tripartito llegó al poder y que se mantiene en el cargo desde diciembre del 2003.

o simplemente no la dicen.

Si bien la Diputación de Barcelona precisó el jueves que Hernández cobra un solo sueldo y de esta administración, no entró en el apartado de las dietas. A petición de este diario, ayer relató que la teniente de alcalde percibe dietas por su asistencia a reuniones de las dos empresas públicas municipales que preside: Promunsa i Proecsa, dedicadas a la vivienda y la promoción económica, respectivamente. 
En concreto, obtiene ingresos por asistir a las dos juntas generales que cada una de las sociedades celebra anualmente. Y también por las tres o cuatro reuniones anuales del consejo de administración de las dos firmas. En total, entre 10 y 12 pagos anuales cuya cuantía no fue precisada por la portavoz de la Diputación de Barcelona.

En los dos casos, reconocen que esto es práctica habitual de “todos”:

En todo caso, Puig señaló que esos cargos son «los que debe ocupar en estos momentos Joaquim Nadal», el dirigente del PSC que le sucedió como conseller cuando el tripartito llegó al poder y que se mantiene en el cargo desde diciembre del 2003 [...]

Lo que sí manifestó [la Diputación de Barcelona] es que estas dietas son percibidas por cualquier concejal que integre las dos empresas municipales, sean ediles del equipo de gobierno como de la oposición municipal.

Y esto es me temo sólo la punta del iceberg. No hay ninguna transparencia e información pública sobre las dietas y complementos de las personas que están en una situación privilegiada para obtener estos ingresos, por básicamente no hacer nada muchas veces. Anna Hernández es Consejera general de la mayor entidad financiera de Catalunya, La Caixa. ¿Cuanto cobra por ir a la reuniones? ¿Cómo influye este cargo en sus decisiones como alcalde y diputada provincial?

NOTA: este es un post editado del original Apuntes sobre la partitocracia (1): Los políticos a dieta(s), trasladado a mi blog personal aribo.eu debido a ser una opinión personal no necesariamente relacionada con el objetivo de midemocracia. En esta versión editada, he dejado la parte relacionada con la libertad de la información.

Gobierno entre la gente

Beth Noveck (ver post previo sobre democracia colaborativa) habla de “gobierno con el pueblo” (o “gobierno con la gente”). Un problema que veo con esta frase es que mantiene la intermediación de las instituciones políticas actuales – gobierno, parlamento. ¿No sería mejor hablar de “gobierno entre la gente” (government between (or among) people)? De esta forma es posible hablar de acción política colectiva productiva y no simplemente protestaria. La segunda tiene como objetivo cambiar el comportamiento de un actor político que tiene el poder de crear e implementar políticas públicas; la segunda crea e implementa estas directamente. Podemos suponer que las nuevas herramientas de comunicación permiten a los ciudadanos realizar al menos una parte de lo que en estos momentos se espera que hagan, pero que no hacen, las instituciones públicas. Esto puede ser particularmente cierto a nivel local.

Y si hablamos de gobierno con la gente ¿no deberíamos hablar entonces de democracia colectiva?

He abierto el wiki de midemocracia para organizar las ideas sobre acción política en la era de Internet. Es completamente editable, si quereis participar, echarle un vistazo (wiki.midemocracia.org)